Introducción: La celda que todo lo conecta

El penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro se levanta a 35 kilómetros de La Paz, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una prisión de hormigón, reservada para narcotraficantes de alto perfil, terroristas y —desde el 8 de septiembre de 2026— para Fernando Gabriel Cerimedo, el consultor argentino que durante meses operó como un poder fáctico dentro del gobierno de Rodrigo Paz. Su traslado desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, no fue una simple decisión administrativa: fue el punto de inflexión de un escándalo que, en menos de dos meses, arrastró consigo al fiscal general de Bolivia y al fiscal departamental de Santa Cruz, además expuso una trama de negocios de combustible, oro y vuelos irregulares que salpica directamente al círculo íntimo del presidente boliviano.

Chonchocoro no es Palmasola. Palmasola es hacinamiento, comercio informal, visitas conyugales, poder negociado entre internos. Chonchocoro es aislamiento, celdas individuales, vigilancia permanente, un régimen diseñado para que el recluso no tenga contacto con el exterior más allá de su abogado. La decisión de trasladar a Cerimedo allí, tomada por un tribunal de La Paz en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, fue leída por sus defensores como una medida de castigo anticipado y por sus acusadores como una necesidad de seguridad: el argentino había advertido que temía por su vida, que “ya se ha conocido que quieren atentar” contra él.

Lo que ocurrió después —la ampliación de cargos, la filtración de audios, la detención del fiscal que lo investigaba— convirtió el caso Cerimedo en algo más que un proceso penal. Se transformó en una radiografía del funcionamiento del poder en la Bolivia de Rodrigo Paz: una administración que contrató los servicios de un operador extranjero sin contrato formal, le permitió acceso a reuniones de gabinete y cumbres internacionales, y que, cuando el escándalo estalló, sacrificó a su propio fiscal general para contener el daño.

Este artículo reconstruye, con base en documentos, testimonios y reportes periodísticos, cómo el caso Cerimedo derivó en un golpe judicial que desnudó los negocios de la familia presidencial, la influencia del consultor argentino sobre ministros, diputados y senadores, y la arquitectura de una red de poder que conecta el territorio boliviano con Miami, Buenos Aires y Washington.

Chonchocoro: el aislamiento como mensaje

El 8 de septiembre de 2026, a las cuatro de la madrugada, un convoy policial partió del penal de Palmasola con destino al aeropuerto de Viru Viru. Fernando Cerimedo viajaba en el asiento trasero de una camioneta blindada, custodiado por efectivos de élite. Horas después, el avión aterrizó en El Alto y el consultor argentino fue conducido a Chonchocoro, donde cumpliría 180 días de detención preventiva por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión del traslado no fue sencilla. La defensa de Cerimedo presentó dos acciones de libertad consecutivas —una ante una sala penal de La Paz, otra ante un tribunal de garantías de Santa Cruz— argumentando que su cliente no podía ser recluido en dos cárceles simultáneamente. “Jurídicamente existen dos procesos”, dijo uno de sus abogados, Ernesto Tórrez, “pero físicamente existe una sola persona, que no se la puede partir”. Ambas acciones fueron rechazadas. La justicia boliviana priorizó la causa por enriquecimiento ilícito, abierta de oficio por la Fiscalía horas después de la detención de Cerimedo por el ataque armado contra Nadia Beller, su expareja.

Chonchocoro tiene un significado que trasciende lo carcelario. En Bolivia, este penal es sinónimo de narcotráfico de alto nivel. Allí han cumplido condena capos como los integrantes del clan Ledezma, y allí fue recluido el mayor de policía implicado en la red de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Enviar a Cerimedo a Chonchocoro fue, para sus acusadores, una señal de que el argentino ya no era un consultor político sino un presunto delincuente de alta peligrosidad. Para sus defensores, fue una condena anticipada y para otros una forma sutil de mantener cerca y bajo su control a su titiritero.

La Fiscalía amplió los cargos contra Cerimedo apenas dos días después de su llegada a Chonchocoro. A la imputación inicial por enriquecimiento ilícito se sumaron los delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El primero es particularmente revelador: la Fiscalía sostiene que Cerimedo ejerció funciones públicas sin tener investidura legal, es decir, que actuó como si fuera un funcionario del Estado boliviano sin serlo. El segundo apunta a que los ingresos que declaró —cerca de un millón de dólares mensuales, según su propia versión— provienen de actividades ilícitas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ordenó que Cerimedo permaneciera “completamente aislado” de la población carcelaria durante sus primeros siete días en Chonchocoro “por su seguridad”. El aislamiento, sin embargo, no impidió que el recluso siguiera operando políticamente. Desde su celda, a través de cartas manuscritas que su abogada Margarita Arce entregó a la prensa, Cerimedo denunció que los audios atribuidos a conversaciones suyas con el diputado Alejandro Reyes habían sido manipulados con inteligencia artificial. “Toman conversaciones reales y agregan partes que nunca existieron”, escribió, acusando al vicepresidente Edmand Lara y al exfiscal Róger Mariaca de haber iniciado la difusión de las grabaciones.

El 7 de octubre, agentes de seguridad del recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, interceptaron un teléfono celular que presuntamente estaba destinado al exasesor presidencial y analista político Fernando Cerimedo. Este dispositivo fue detectado e incautado durante la aplicación de controles de seguridad e inspecciones preventivas en el penal, evitando que el equipo llegara a estar en posesión del interno. Pese a ese episodio, se desconoce si realmente Cerimedo continúa sin un celular o sin comunicación digital.

La carta de Cerimedo, fechada el 14 de octubre, fue su primera declaración pública desde su detención en agosto. En ella no solo negó haber sugerido que el Gobierno debía aceptar la posibilidad de muertes para mantenerse en el poder, sino que apuntó directamente contra el vicepresidente Lara y el exfiscal Mariaca por presunta intervención ilegal de comunicaciones. La respuesta del Gobierno fue inmediata: el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, uno de los hombres de confianza de Paz, declaró que “el Gobierno no protegerá a Cerimedo” y pidió investigar el audio. La estrategia de contención estaba en marcha.

Ante todo este contexto surgen estas preguntas: ¿Cómo es que Cerimedo está al tanto de lo que acontece en redes sociales? Si bien en el penal cuenta con tv y radio, suponemos, ¿cómo es que puede acceder a los cotilleos de redes sociales?. Y la gran pregunta es: ¿Cerimedo continúa en contacto con el Escudo de las Américas y al mando del gobierno boliviano y de su ecosistema de trolls?.

El Escudo de las Américas: el pacto que nadie quiere firmar

El “Escudo de las Américas” es un bloque de quince gobiernos de derecha impulsado por la administración de Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional en el hemisferio. Bolivia se adhirió a esta alianza a principios de 2026, como parte del giro estratégico de Rodrigo Paz hacia Washington. Lo que no se sabía —hasta que Nadia Beller publicó las fotografías— era que Fernando Cerimedo, un consultor extranjero sin cargo oficial, había participado en una reunión oficial del Escudo de las Américas junto al presidente Paz y al entonces canciller Fernando Aramayo.

Las imágenes, difundidas por Beller el 27 de agosto de 2026, muestran a Paz, Cerimedo y Aramayo en un encuentro con el distintivo del Escudo de las Américas y las banderas de Bolivia y Estados Unidos. Beller acompañó la publicación con el texto: “Con Rodrigo Paz en el escudo de las Américas (marzo)”. Horas antes, el presidente había declarado que Cerimedo “jamás tuvo la autorización” para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia, y había negado que existiera un contrato o una relación laboral directa.

La contradicción era insalvable. Si Cerimedo no tenía autorización para representar al Gobierno, ¿qué hacía en una reunión oficial de un bloque internacional al que Bolivia acababa de adherirse? Aramayo intentó matizar la situación: reconoció el “aporte” de Cerimedo a la campaña de Paz, pero negó que hubiera existido “un contrato formal o una relación laboral directa”. La explicación —que el argentino participaba “como amigo”— resultaba difícil de sostener cuando las fotografías lo mostraban codeándose con jefes de Estado y operadores de Washington en el marco de una alianza de seguridad hemisférica.

El vínculo con el Escudo de las Américas no era casual. La alianza, liderada por Marco Rubio desde el Departamento de Estado, es el vehículo institucional de la política de Trump hacia América Latina: combate al narcotráfico, cooperación en inteligencia, alineamiento geopolítico contra China y Rusia. La participación de Cerimedo en una reunión de este bloque sugiere que su rol en Bolivia no era solo el de un consultor de campaña, sino el de un articulador entre el gobierno de Paz y la agenda de Washington en la región. Y ese rol, ejercido sin contrato ni investidura, explicaría por qué la Fiscalía boliviana lo acusa de usurpación de funciones.

La publicación de las fotografías por parte de Beller no fue un acto de venganza personal. Fue una maniobra calculada para desmentir la narrativa oficial. Beller había sido testigo directo de la relación entre Cerimedo y el Gobierno. Sabía dónde estaban los cuerpos enterrados —literal y metafóricamente— y decidió exponerlos uno por uno. Las imágenes del Escudo de las Américas fueron solo el principio. Después vinieron los chats, los audios, las acusaciones de negocios de combustible y oro. Cada revelación erosionaba un poco más la credibilidad del presidente, que insistía en que Cerimedo era solo un amigo que había ayudado en la campaña.

La influencia sobre diputados, senadores y ministros

La pregunta que los legisladores bolivianos formularon una y otra vez durante las semanas siguientes fue simple: ¿quién gobernaba Bolivia? La senadora Ana Crispín, del oficialista PDC, afirmó que Cerimedo tenía la capacidad de influir “incluso en proyectos legislativos”. El vicepresidente Edmand Lara fue más directo: confirmó que Cerimedo “participaba de las reuniones de gabinete y le daba órdenes a los ministros”. La diputada Sandra Rivero lo resumió con una frase que se convirtió en consigna: “Ha sido el asesor en primera línea del presidente hasta el día que lo han arrestado”.

El diputado Antonio Pino, de la opositora alianza Libre, presentó en marzo de 2026 una Petición de Informe Escrito al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, solicitando información sobre “las funciones y el nivel de influencia” de Cerimedo en la estructura estatal. En su petición, Pino advertía que “un ciudadano argentino, ahora empoderado desde la Presidencia, se presenta en instituciones públicas, ministerios y empresas estratégicas para dar línea de gobierno, e incluso establecer contactos con empresas del exterior”. La descripción era precisa: Cerimedo no solo asesoraba en comunicación; operaba como un interlocutor con el sector privado, con empresas estatales como YPFB y con gobiernos extranjeros.

El audio filtrado en octubre confirmó lo que muchos sospechaban. En una conversación de casi siete minutos atribuida a Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes, el consultor argentino califica de “idiotas” y “tibios” a varios ministros, se queja de la influencia del entonces ministro de la Presidencia José Luis Lupo sobre Paz, y plantea la posibilidad de declarar un estado de excepción y desplegar una operación militar para intervenir las carreteras bloqueadas durante las protestas de mayo y junio. “O nos caemos por inútiles o nos caemos por muertos”, se le escucha decir.

La reacción política fue inmediata. La representante de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, anunció la expulsión del diputado Reyes de la bancada y presentó una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja. La bancada de Libre, por su parte, impulsó una interpelación contra los ministros Oviedo y Aramayo para establecer “qué grado de influencia tuvo el asesor dentro del Gobierno y si tuvo alguna participación en asuntos que ahora forman parte de distintas investigaciones”. La jefa de bancada de Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, lo dijo sin rodeos: “Queremos saber si efectivamente este señor conducía el país”.

La Cámara de Diputados rechazó, sin embargo, la creación de una comisión investigadora especial sobre el caso Cerimedo. La propuesta del diputado Edgar Zegarra de solicitar una comisión internacional para indagar el caso fue archivada sin mayor debate. La Asamblea Legislativa optó por la vía más lenta y menos incómoda: la interpelación a dos ministros que, en el mejor de los casos, responderían con evasivas y, en el peor, con el argumento de que existía un proceso judicial en curso.

El Senado, en cambio, sí creó una comisión para investigar las denuncias contra Cerimedo. La comisión, conformada por legisladores de oficialismo y oposición, tenía previsto citar a los ministros que participaron en reuniones con el consultor argentino, revisar los decretos y resoluciones que pudieran haber sido influenciados por él, y determinar si existió un uso irregular de recursos públicos para financiar sus actividades. Los resultados de esa investigación, hasta el momento, no han trascendido.

El golpe judicial: la detención de Mariaca y Zeballos

El 30 de septiembre de 2026, a las 22:30, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando regresaba de la ciudad de Sucre. Junto a él fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y horas después, en el barrio de Sopocachi de La Paz, el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, sin embargo, éste último fue liberado "sospechosamente". Los cuatro —incluido el mayor de policía Rubén Aparicio— fueron acusados de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

La detención de Mariaca no fue un hecho aislado. Ocurrió apenas dos días después de que el gobierno de Estados Unidos revocara su visa y lo incluyera en una lista de funcionarios bolivianos acusados de “corrupción” y de “vincularse con el narcotráfico”. El secretario de Estado Marco Rubio celebró la captura en su cuenta de X: “Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”. El vocero del gobierno de Paz, José Luis Gálvez, agradeció a Rubio por su “respaldo pleno”.

La coincidencia temporal era demasiado evidente para ser ignorada. Mariaca era el fiscal que investigaba a Cerimedo. Su detención, según fuentes de la propia Fiscalía citadas por medios argentinos, fue catalogada como un “secuestro” del caso. El fiscal había declarado días antes: “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”. Se refería, precisamente, al proceso contra el exasesor presidencial.

El vínculo entre Mariaca y Marset era el argumento central del Gobierno. Según el Ministerio de Gobierno, Mariaca tenía “antecedentes” de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset desde antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024. En julio de 2023, cuando era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo policial en el que debía ser capturado. Un video grabado durante la captura de Marset en marzo de 2026, difundido horas antes de las aprehensiones, mostraba al narcotraficante mencionando a Mariaca, Del Castillo y al capitán Aparicio, afirmando haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia. La veracidad de ese video —y del testimonio de Marset, un criminal confeso— no ha sido corroborada de forma independiente.

El Parlamento boliviano actuó con una velocidad inusual. El viernes 2 de octubre, la Asamblea aprobó una reforma a la Ley de Organización del Ministerio Público que incorporó un mecanismo para la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando “se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables con cárcel”. El presidente Paz promulgó la norma de inmediato. Horas después, el Legislativo destituyó a Mariaca y eligió como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien reveló, en entrevista con CNN, que fue un “amigo empresario” y excliente suyo quien le pidió su currículum para presentarlo ante la ALP; aunque, hasta ahora, evita dar el nombre de la persona en cuestión. Sin embargo, el presidente del Senado, Diego Ávila, reveló que en la jornada de votación para elegir al Fiscal interino, fue el primer mandatario, Rodrigo Paz, quien sugirió el nombre de Armando Urioste para asumir el cargo.

La secuencia es reveladora: primero se revoca la visa del fiscal por parte de Washington, luego se difunde el video de Marset, después se aprueba una ley ad hoc para suspenderlo, y finalmente se lo detiene y se lo reemplaza. En menos de 72 horas, el gobierno de Paz desmanteló la cúpula del Ministerio Público y colocó a un interino afín. La pregunta que queda flotando es si la detención de Mariaca fue una operación genuina contra el narcotráfico o una maniobra para descabezar la investigación que apuntaba a Cerimedo y, por extensión, al círculo presidencial.

La respuesta de Mariaca desde la cárcel de Cantumarca, en Potosí, fue contundente: rechazó todas las acusaciones y vinculó su detención con “las implicaciones que tuvo dentro y fuera de Bolivia el caso Cerimedo”. El exfiscal no aportó pruebas de esa vinculación, pero la coincidencia temporal y la secuencia de los hechos hablan por sí solas. El fiscal que investigaba al hombre que, según múltiples testimonios, operaba como un poder fáctico dentro del Gobierno fue detenido, destituido y reemplazado en el lapso de una semana. El mensaje para los demás fiscales era claro: quien se meta con Cerimedo se mete con el presidente.

Los negocios de combustible: Bibi Urquidi y el peso por litro

La acusación más grave contra Cerimedo —y la que más directamente salpica a Rodrigo Paz— no tiene que ver con su influencia política sino con sus negocios. Nadia Beller, en declaraciones desde el hospital donde se recuperaba del ataque armado, afirmó que Cerimedo y la esposa del presidente, María Elena “Bibi” Urquidi, habían montado una trama para desviar combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y venderlo en el mercado negro.

“En ese tiempo, fui testigo, por mi relación con Fernando Cerimedo, de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz, con él como operador y otras personas como Jofre y compañía; negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro”, declaró Beller a DTV.

La cifra que Beller proporcionó es escalofriante: según su testimonio, la operación desviaba 2 millones de litros diarios de combustible de YPFB, que se vendían en el mercado negro con un sobreprecio de 1 boliviano por litro. De ese peso por litro, Cerimedo y Bibi Urquidi se quedaban con la totalidad, lo que equivalía a unos 150.000 dólares diarios, aproximadamente 4,5 millones de dólares mensuales. En un medio argentino, Beller afirmó que a la primera dama le llaman “ventanilla única”, porque todos los negociados con el combustible y el oro tienen que pasar por sus manos.

Beller dijo tener pruebas de estos manejos en los chats de Cerimedo con Bibi Urquidi, específicamente sobre “cupos de combustible por los que cobran un boliviano por litro” y sobre el “tancaje” que su expareja manejaba con el almacenamiento de combustible de la empresa Futura en Argentina. Esas pruebas, según declaraciones posteriores de la propia Beller, fueron entregadas a la Fiscalía de La Paz en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.

La trama del combustible no era la única. Beller también declaró que Cerimedo estuvo involucrado en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, operación en la que fue detenido un joven de 22 años, Adrián Lema Roca, muy cercano a Catalina Paz, la hija del presidente. Y finalmente, la abogada afirmó que el consultor argentino estaba vinculado con una maniobra en el departamento de Beni que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones presuntamente cargados de drogas. Cerimedo lograba que las aeronaves fueran liberadas a cambio de que se les instalara un transponder para su localización.

El fiscal general Mariaca, antes de ser detenido, había anunciado que la investigación por enriquecimiento ilícito contra Cerimedo se ampliaba para incluir los delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. La conexión con los negocios de combustible y oro era evidente: la legitimación de ganancias ilícitas es el mecanismo mediante el cual se blanquean los ingresos provenientes de actividades criminales. Si Cerimedo ganaba un millón de dólares mensuales, según su propia declaración ante la Fiscalía, y no tenía “ninguna actividad en Bolivia que le reportara dinero”, como él mismo admitió, entonces el origen de esos fondos era, cuando menos, sospechoso.

La respuesta del Gobierno fue tibia. El viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo que la Fiscalía sería la responsable de convocar o no a Bibi Urquidi, y que “quien ha generado la alusión en contra de otra persona es quien tendría que establecer qué elementos o fundamentos tiene”. En otras palabras: la carga de la prueba recaía sobre la víctima del ataque armado, no sobre la primera dama. Una semana después del escándalo, Bibi Urquidi no había aparecido públicamente para negar o confirmar las denuncias.

La Fiscalía, mientras tanto, descartó ampliar la investigación contra la esposa del presidente por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, aunque sí amplió la causa contra Cerimedo por legitimación de ganancias ilícitas y usurpación de funciones. La decisión de no investigar a Bibi Urquidi fue interpretada por la oposición como una señal de que el Gobierno estaba protegiendo a la primera dama. La diputada Claudia Herbas lo expresó con una pregunta que resonó en la opinión pública: “¿Cómo es posible que un extranjero mande en nuestro país?”.

Rodrigo Paz y el círculo íntimo: la familia como estructura de poder

La investigación del caso Cerimedo no solo expuso los negocios del consultor argentino. Desnudó la estructura de poder del gobierno de Rodrigo Paz, un entramado en el que la familia presidencial ocupa un lugar central. Bibi Urquidi, la esposa del presidente, no es una primera dama tradicional. Según múltiples testimonios, es la “ventanilla única” por la que pasan todos los negocios de combustible y oro del país. Catalina Paz, la hija del presidente, fue quien introdujo a Cerimedo en la campaña electoral de su padre y mantuvo una relación cercana con el consultor argentino hasta su detención.

La familia de Bibi Urquidi también aparece en las denuncias de Beller. La abogada mencionó a “la familia de la esposa de Rodrigo Paz” como beneficiaria de los “negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro”. No especificó nombres, pero la implicación era clara: el círculo íntimo del presidente no solo toleraba las operaciones irregulares de Cerimedo, sino que participaba activamente en ellas.

El propio Rodrigo Paz intentó despegarse de Cerimedo cuando el escándalo estalló. “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, declaró. Pero las fotografías del Escudo de las Américas, los testimonios de sus propios ministros, la presencia de Cerimedo en el palco oficial durante la posesión del gabinete en noviembre de 2025 y las reuniones en la oficina del piso 23 de la Casa Grande del Pueblo desmentían esa versión.

La defensa de Paz se volvió aún más complicada cuando se conoció que su gobierno había promulgado una ley para destituir al fiscal que investigaba a Cerimedo. La secuencia —revocación de visa por parte de Washington, difusión del video de Marset, aprobación de la ley de suspensión del fiscal general, detención de Mariaca, designación de un interino— fue leída por la oposición como una operación coordinada para descabezar la investigación. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, lo dijo sin ambigüedades: “No fue un simple asesor de campaña, intervino en decisiones trascendentales”.

La relación con Estados Unidos añade una capa de complejidad. Marco Rubio, el secretario de Estado que celebró la detención de Mariaca, es el mismo que lidera el Escudo de las Américas, el bloque al que Bolivia se adhirió a principios de 2026. La alineación de Paz con Washington no es solo geopolítica: es personal. El presidente boliviano ha apostado por una relación estrecha con la administración Trump, y esa apuesta incluye la cooperación en seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico. La detención de Mariaca, desde esa perspectiva, no fue solo un ajuste de cuentas interno: fue una señal a Washington de que Bolivia estaba dispuesta a sacrificar a su fiscal general para proteger los intereses de la alianza.

Tres opciones de conclusión

Opción 1: El sacrificio necesario. La detención de Mariaca fue una operación quirúrgica para salvar al gobierno de Paz del escándalo Cerimedo. El fiscal investigaba al hombre que, según múltiples testimonios, operaba como un poder fáctico dentro del Ejecutivo y mantenía negocios de combustible y oro con la primera dama. Al destituirlo y reemplazarlo por un interino afín, Paz logró desactivar la amenaza más inmediata a su administración. El costo fue alto —la credibilidad del Ministerio Público, la confianza de los fiscales, la imagen de un gobierno que usa el aparato judicial para protegerse— pero el cálculo político fue implacable: mejor un fiscal en la cárcel que un presidente implicado.

Opción 2: La mano de Washington. La secuencia de los hechos —revocación de visa, difusión del video de Marset, aprobación de la ley ad hoc, detención de Mariaca— sugiere una coordinación que trasciende las fronteras bolivianas. Marco Rubio celebró la captura del fiscal que investigaba a Cerimedo, el mismo Cerimedo que participó en una reunión del Escudo de las Américas y que operaba desde Miami. La pregunta no es si Washington influyó en la decisión de Paz, sino hasta qué punto la detención de Mariaca fue una exigencia de la alianza hemisférica. Si Cerimedo era un activo útil para Estados Unidos en Bolivia, protegerlo —o al menos evitar que su caso llegara demasiado lejos— era una prioridad para la administración Trump.

Opción 3: El sistema se protege a sí mismo. La detención de Mariaca y Zeballos no fue un golpe judicial ni una operación de inteligencia extranjera, fue el sistema político boliviano haciendo lo que siempre hace: proteger a quienes lo integran. Rodrigo Paz no inventó la corrupción en el manejo de combustibles ni el uso de consultores extranjeros sin contrato. Lo que el caso Cerimedo reveló es una estructura de poder que trasciende a este gobierno y a este escándalo: una red de empresarios, políticos, fiscales y operadores que durante décadas han administrado los recursos del Estado como si fueran propios. Cerimedo fue el engranaje que se rompió, pero la máquina sigue funcionando. La pregunta no es quién es el próximo Cerimedo, sino quién será el próximo fiscal que se atreva a investigarlo.

Este artículo se basa exclusivamente en información de dominio público: reportes periodísticos, documentos judiciales, declaraciones ante la Fiscalía boliviana y testimonios recogidos por medios de comunicación. No se formula juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados, cuyos procesos judiciales se encuentran en curso.